Por Ms. Agric. Sc. Carlos Ma. Uriarte
Hace pocos días, con sigilo y sin consulta, como el Frente Amplio nos tiene acostumbrados al sector agropecuario, el Poder Ejecutivo determinó el traspaso del Fondo de Inspección Sanitaria (FIS) a Rentas Generales. Nos recuerda a hechos acontecidos en anteriores gobiernos del Frente Amplio, como la iniciativa del ICIR que a la postre fuera declarada inconstitucional.
Al parecer se han olvidado que esta actitud de falta de consulta y sensibilidad hacia el sector, fue la causa del movimiento de enero del 2018.
El tema no es menor, pues es un impuesto que ronda los US$ 30 millones de recaudación anual. Pero lo hecho va más allá de su valor económico.
Entendemos que este tipo de medidas, donde se cambia el destino de un impuesto para el cual fue creado, debería ser al menos sometido a una discusión parlamentaria, y que lo deseable es que también fuera sometida a una discusión pública, para así darle voz a los directamente involucrados, que son quienes hacen el aporte y que ahora se quedan sin la prestación del servicio que la ley estableció en su origen.
Más aun cuando este tributo fue creado para resolver una deficiencia crónica que el MGAP tiene en la Dirección de Servicios Ganaderos, que es la falta de funcionarios para cumplir con la certificación que el país se ha comprometido.
Es insólito que esto ocurra, cuando es un reclamo que desde hace mucho tiempo lo han planteado los propios funcionarios del MGAP.
Obviamente esto se debe a la necesidad de conseguir fondos para cumplir con promesas que la ideología del Frente Amplio impulsa, y que fuera apoyada por la mayoría de los uruguayos en las urnas.
No discutimos los fines, porque la mayoría de ellos seguramente sean muy loables, y hasta los compartiríamos, la diferencia está en la responsabilidad con la cual se toma la decisión de hacer esos gastos.
Esta es una medida que afecta la competitividad de la cadena cárnica, y profundiza el encarecimiento estructural del país.
Para ver la importancia que esta medida tiene, vamos a profundizar acerca de este impuesto cuyo destino se pretende cambiar.
El Fondo de Inspección Sanitaria (FIS) se creó con la Ley N° 13.892 promulgada en 1970, en su Artículo 421. Su propósito era financiar la Dirección de Industria Animal y sus funciones, incluyendo la contratación de personal, según decretos relacionados, con el objetivo de garantizar la inocuidad de nuestras carnes, y el cumplimiento normativo de las exportaciones.
El FIS se rige por el Decreto 582/970 que reglamenta el Art. 421 de la Ley 13.892, con normas que se actualizan a través de resoluciones y leyes posteriores, como la 16.697, con vigencia periódica según las tarifas y reglamentos de distintos organismos.
El FIS se nutre de las siguientes fuentes:
- Impuesto a la Exportación: 1% sobre el valor FOB de exportaciones de carne bovina, ovina, suina, equina, de aves y caza menor (excepto conservas, e incluidas las exportaciones de ganado en pie).
- Impuesto al Consumo Interno: 1% sobre el precio de la carne de origen vacuno y ovino para consumo poblacional, aplicado sobre el precio que paga el carnicero minorista a su proveedor, siendo este último responsable de la retención.
Es un fondo especial que no tiene fecha de vencimiento; es una figura permanente creada por ley, y siempre fue una tentación para los gobiernos de turno. Es más, se llegó a usar para otros fines, pero nunca se fue tan lejos como en esta oportunidad.
Esta medida merece el más enfático rechazo, no solo desde el sector agropecuario, donde gracias a Dios la Federación Rural ha levantado la voz para hacerlo, sino también de los parlamentarios de la oposición y del partido de gobierno, que sabemos no acompañan este tipo de medidas.
Tal como se hizo con el ICIR es imperioso por el bien del país, revertir esta decisión no solo por todo lo que acabamos de exponer, sino porque significa un grave atropello a la democracia y a nuestra institucionalidad.
El país requiere reglas claras, respeto institucional y un sistema tributario que acompañe su desarrollo.
