Con la excusa de "rescatar" a la cerealera Vicentin, que está en concurso preventivo por US$1350 millones, donde el Banco Nación es su principal acreedor individual con más de $18.000 millones prestados en prefinanciación de ventas al exterior, el presidente Alberto Fernández abrió paso a la intervención estatal y expropiación de esta empresa oriunda de Santa Fe.
Así, luego de la historia en la Argentina con la Junta Nacional de Granos (JNG), que funcionó entre 1933 y 1991 en ese caso con compras y precios para asegurar el abastecimiento a los molinos harineros, por ejemplo, el Estado vuelve a meterse en el comercio de granos ahora con el formato del rescate a una empresa en concurso. También, como lo dijo Fernández, con el argumento de la "soberanía alimentaria".
Con un decreto de necesidad y urgencia (DNI), el jefe de Estado nombrará a Gabriel Delgado, exsecretario de Agricultura de la Nación durante la presidencia de Cristina Kirchner, como interventor. A la par, enviará un proyecto de ley de expropiación, con el cual indicó se está trabajando con la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.
"Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción", señaló el jefe de Estado, rodeado tanto por Delgado y Fernández Sagasti como por el ministro de Producción, Matías Kulfas. El mandatario añadió que la medida es "estratégica" y remarcó que "favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria".
La medida no debería afectar al frigorífico Friar, uno de los principales exportadores del país, con dos plantas en la provincia de Santa Fe, ubicadas en las localidades de Reconquista y de Nelson. Este grupo frigorífico no pertenece al grupo Vicentin, si bien algunos de sus accionistas pertenecen al grupo controlante de la cerealera.
