La Cámara de la Industria Frigorífica (CIF) llevó esta semana a la Comisión de Ganadería de Diputados un diagnóstico crítico sobre la situación del sector, con foco en la compresión de márgenes, la capacidad ociosa de las plantas y el impacto económico y laboral que, a su juicio, genera la exportación de ganado en pie.
Según la presentación realizada por la gremial ante el Parlamento a la que accedió Informe Tardáguila, la industria cuenta con capacidad para faenar 3,2 millones de bovinos, pero en 2025 procesó 2,4 millones de cabezas, lo que implicó una utilización de 76% de su capacidad instalada. En paralelo, el número de plantas activas cayó de 32 en 2024 a 24 en mayo de este año.
Por otro lado, la CIF mostró que el Valor Agregado Industrial (VAI) del Novillo Tipo 2.0 cayó 12,9% en 2025 y hoy representa apenas el 22% del negocio.
Detrás de esa tensión apareció uno de los ejes centrales del planteo de la CIF ante los legisladores: la exportación en pie. En 2025 salieron del país 371.210 cabezas sin procesar, el mayor volumen de los últimos años. Indicaron que ese volumen equivale a la faena promedio anual de tres plantas, y se preguntaron si la exportación es efectivamente una “válvula de escape”.
De acuerdo a la presentación, cada animal que se va vivo representa entre 1,3 y 2 jornales industriales que no se generan. En total, estimó que ese flujo dejó de volcar US$ 36,2 millones en salarios y cargas sociales.
Como parte de su argumentación, la CIF sostuvo que si ese volumen exportado en pie se industrializara localmente, el impacto potencial sería de US$ 1.200 millones adicionales al PIB, US$ 76,5 millones de mayor recaudación y unos 1.500 puestos de trabajo, según una simulación de CERES.
El trasfondo sanitario
La presentación también abordó el riesgo que implica perder el acceso a mercados por problemas de inocuidad. Uruguay exporta el 80% de lo que produce y tres destinos, EEUU, la Unión Europea y China, concentran el 85% de los productos.
La CIF recordó los casos de los frigoríficos Sirsil y San Jacinto como ejemplos concretos del daño que un hallazgo sanitario puede causar, tanto al establecimiento afectado como a la imagen del país.
Ante ese escenario, el sector reclamó avanzar en medidas pendientes, entre ellas la llamada "receta verde", que exigiría supervisión veterinaria en la aplicación de garrapaticidas, y la creación de un fondo de contingencia del MGAP para cubrir pérdidas por positivos en planta.
También destacaron como logro la aprobación de un sistema de sanciones más estricto para productores infractores, una propuesta que la CIF y Adifu habían elevado al MGAP en junio de 2023.
