Desde el pasado lunes, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) ha llevado a cabo invasiones en 28 zonas repartidas en 11 estados, según informaciones difundidas por el propio movimiento. Los estados afectados incluyen Sergipe, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Bahía, Pará, São Paulo, Goiás, Ceará, Río de Janeiro y el Distrito Federal. Actualmente, el movimiento realiza 40 acciones en 16 estados y el Distrito Federal, que incluyen invasiones, campamentos, asambleas y otras movilizaciones. Más de 22 mil familias participan en estas actividades.
La sede del Departamento de Educación de Ceará fue ocupada por alrededor de 500 activistas, donde el movimiento exige mejoras en la educación rural. En Crateús, en el mismo estado, fue invadida una superficie de 800 hectáreas, exigiendo el MST la expropiación de 5 mil hectáreas para la reforma agraria. En respuesta a las invasiones, el gobierno federal lanzó esta semana el Programa Terra para Gente, con el objetivo de acelerar el proceso de asentamiento de familias en el país.
El programa pretende incluir 295 mil familias en el Programa Nacional de Reforma Agraria hasta 2026, con 74 mil familias asentadas y 221 mil reconocidas o regularizadas en lotes ya existentes. El MST, sin embargo, consideró las medidas gubernamentales "insuficientes" y destacó que 70 mil familias aún viven en campamentos.
La ya frágil relación entre el agronegocio y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se agravó después de que el presidente recibió a representantes del MST en el Palacio do Planalto para el lanzamiento del programa Terra da Gente.
El presidente del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), el diputado federal Pedro Lupión (PP-PR), que se ha movilizado para que proyectos destinados a combatir las invasiones de tierras cobren impulso en el Congreso, cuestionó la decisión de Lula.
En entrevista con Estadão, Lupion criticó el programa Terra da Gente. Destacó la falta de presupuesto y expresó preocupación por la posibilidad de expropiaciones basadas en criterios subjetivos de trabajos análogos a la esclavitud, lo que podría generar amplias exigencias legales. "No lo vamos a restar importancia, no vamos a defender a nadie que lo esté haciendo mal, pero la expropiación es algo radical", afirmó el diputado.
