La Justicia resolvió esta semana tomar una “medida cautelar” con la designación de un interventor para cogestionar los activos de República Ganadera junto a sus actuales directores.
El abogado Carlos Esponda dijo a Valor Agregado de radio Carve que esta medida permitirá tener “un mayor control” y contar con más información para los acreedores sobre la realidad de la empresa. La interventora es la abogada Zamira Ayul. “Tiene una amplia trayectoria y se va a poner a tiro sobre la situación contable de la empresa. Además, va a tener control sobre las ventas y compras de ganado. Es una buena noticia para los acreedores”, opinó Esponda.
Esponda, que representa a un grupo de acreedores de República Ganadera, cuestionó un fallo previo judicial que había rechazado un plan de acción de “prohibición de innovar”, para impedir que las actuales autoridades puedan hacer movimientos dentro de la empresa. Además, se había pedido un oficio al MGAP para hacer un recuento del ganado y ver su estado sanitario. Ese fallo fue recurrido por los acreedores.
El pasivo de República Ganadera ronda los US$ 84 millones, mientras que se estima que el ganado que está bajo su gestión ronda los US$ 15 millones, a lo que puede sumarse un monto menor por algún inmueble y ovinos. Los inversores procuran que se evite el concurso de acreedores y se llegue a un Acuerdo Privado de Reorganización (APR), para intentar recuperar un porcentaje mayor de su capital invertido en un plazo de 10 años.
Por otro lado, Conexión Ganadera adelantó del 29 para el 23 de enero la reunión que tenía previsto con sus inversores para informar sobre la situación de la empresa tras el trabajo de una auditoría externa que se realizó sobre el negocio.
