En un trabajo elaborado por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a principios de febrero, se estimó que las pérdidas provocadas hasta ese momento por la sequía ascendían a US$ 1.175 millones, de los que US$ 440 millones eran en la ganadería de carne como consecuencia de la menor tasa de preñez (terneros que no nacerán) y por la pérdida de peso vivo de los animales enviados a faena.

De confirmarse lo previsto en este trabajo, no solo habrá un impacto negativo inmediato por el nacimiento de una menor cantidad de terneros en la parición de la próxima primavera, sino que además eso se reflejará en una menor cantidad de animales disponibles para faena a mediados de esta década. Eso querrá decir menor actividad de la industria frigorífica, menor producción de carne, baja en los volúmenes de exportación y caída en el ingreso de divisas al país.

El trabajo de Opypa fue presentado por los jerarcas del MGAP al comparecer ante la Comisión Permanente del Parlamento en la primera semana de febrero. El área declarada en emergencia agropecuaria abarca 17,4 millones de hectáreas (todo el país), muy por encima de los 12 millones de diciembre de 2021, los 14 millones de diciembre de 2020 y los 5,7 millones de hectáreas de marzo de ese año.

El ministro Fernando Mattos dijo en conferencia que, de prolongarse la situación, los efectos de la sequía para el país pueden ser superiores a los de la pandemia. “El gobierno está decidido a dar todo el apoyo necesario”, aseguró el jerarca.

De acuerdo con el relevamiento de Opypa, la agricultura de secano sufriría un impacto negativo de unos US$ 490 millones por alrededor de 1,08 millones de toneladas no cosechadas de cultivos y caída de rendimientos. Desde el sector agrícola indican que con seguridad estas proyecciones se queden cortas y que el impacto en la agricultura de verano puede ser del orden de los US$ 900 millones, fundamentalmente por la menor producción de soja (principal cultivo) como por la de maíz.

En lo que a ganadería refiere, se estima un perjuicio de unos US$ 440 millones por los terneros que no nacerán y pérdida del peso vivo de los animales destinados a faena, mientras que la lechería se vería afectada en unos US$ 100 millones por costos adicionales de suplementación y caída de la remisión. Opypa prevé que la pérdida de praderas generará un perjuicio para la ganadería de carne y leche de otros US$ 145 millones.

La Opypa estima una caída del 4% en el entore de vaquillonas en 2022/23, mientras que la tasa de procreo podría disminuir 12%, lo que representaría 351 mil terneros menos en 2023/24 respecto al 2022/23. Sin dudas este es el número más preocupante de todos los que proyectó la oficina ministerial. Estimando que al 30 de junio de este año el stock de terneros se ubicará en el entorno de los 2,95 millones, al sacarle 350 mil en la próxima parición los terneros a ser contabilizados en 2024 (los del actual entore) serían unos 2,6 millones, la menor cantidad al menos desde 2010, cuando se dio el impacto de la anterior gran sequía en el país, de 2008/09.

Por otro lado, se proyecta una pérdida de peso del ganado (10%). Eso dependerá de cada categoría y del crecimiento compensatorio de las pasturas y de los animales, ante una posible reversión de la seca. Además, se dará un retraso de los envíos a faena y caída del peso medio de faena. “La tasa de faena de novillos caerá levemente en el primer trimestre del año y posiblemente en el segundo trimestre, respecto a los años sin sequía. A la vez, se espera que en el invierno aumente la tasa de faena de vacas”, según Opypa.