Finalmente, el Gobierno estableció una suba de 2% en el impuesto a la exportación de harina y aceite de soja (con lo que pasaron a tributar 33%) y de 1 punto para el biodiesel (con lo que quedó en 30%). Esto generaría (a valores y cantidades exportadas el año pasado) un ingreso fiscal extra de unos US$ 400 millones, que se destinará a un “fondo estabilizador del trigo” para compensar la harina. Esta es hasta el momento la única medida que el presidente Alberto Fernández tomó en el marco de lo que llamó la “guerra contra la inflación”, luego de que los precios al consumo subieran 4,7% mensual en febrero.
El fondo del trigo será manejado por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, ladero de la vicepresidenta Cistina Kirchner, en momentos en que ella y el presidente se encuentran distanciados.
En tanto, el “campo”, que con los anteriores porcentajes de retenciones tributó en 2021 cerca de US$ 8.000 millones por los derivados de la soja, reaccionó ante la nueva exacción con pequeñas asambleas y movilizaciones de productores agropecuarios a la vera de rutas, mientras varias entidades del sector (exportadores, bolsas de comercio, cadenas agrícolas) rechazaron las medidas.
Al cierre de esta edición, los dirigentes de las entidades de productores agrícolas estaban reunidos analizando si realizar alguna protesta más unificada y masiva, quizá con una marcha de tractores a la Casa de Gobierno, en Buenos Aires. Más allá de esto, apostaban a reunirse hoy con distintos bloques políticos en el Congreso para explayarse sobre la situación y la ilegalidad actual en la que han caído todas las retenciones desde fin de diciembre, cuando caducó la ley que habilitaba al Poder Ejecutivo a implementarlas. En este sentido, un diputado de la alianza opositora Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, denunció esta semana penalmente al presidente “por su atropello a la Constitución Nacional”, ya que “la suba de retenciones anunciada es facultad del Congreso”.
