La Federación de Asociaciones de Arroceros de Río grande del Sur (Federarroz) inició una acción civil en 2017 contra la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), en la cual se le solicitó a la justicia brasileña determinar que el envase del arroz comercializado en Brasil, con destino al consumidor final, tuviera una etiqueta que defina el origen del cereal.
Esta acción de los productores brasileños está basada en que “los granos importados poseen características sanitarias diferentes de los producidos en Brasil, porque son vinculados a normas sanitarias de otros países”. Por lo que se solicita que exista una etiqueta que defina claramente el origen del arroz.
Si bien en agosto de 2017 la justicia del estado de Río Grande del Sur entendió que Federarroz estaba defendiendo los intereses de sus asociados y no al consumidor final, se presentó un recurso judicial, por lo que se definió en la pasada semana que la Justicia Federal de Río Grande del Sur, deberá juzgar este proceso.
Según se establece en el último fallo judicial, no existe posibilidad de desasociar la defensa de los productores del consumidor final, y se entiende que existe omisión por parte del órgano regulador del mercado.
