Uno de los temas más comentados durante la China International Import Expo (CIIE) fue el proceso de salvaguarda que el gobierno chino viene analizando desde hace casi un año para revisar el impacto de las crecientes importaciones de carne vacuna sobre los productores locales.
Es un mecanismo previsto dentro de las reglas internacionales y que obliga a analizar información y escuchar a todos los países que exportan a China, sin excepción: Uruguay, Brasil, Argentina, Australia y el resto de los orígenes.
Según una comunicación de INAC a la que accedió WBR, “China pidió datos y aclaraciones a cada país y a las industrias, y abrió espacios de consulta para entender cómo funciona cada sistema productivo. Uruguay, al igual que los demás proveedores, participó plenamente y aportó toda la información solicitada”.
La parte técnica del proceso estaría cerrada y la decisión se comunicaría el 26 de noviembre, aunque no se descarta un leve corrimiento, algo habitual en este tipo de procedimientos.
La salvaguarda podría traducirse en dos medidas:
- Una cuota, que fija un volumen de importación para todos los países.
Un arancel adicional, que solo aparece si las importaciones superan ese volumen.
Actualmente la carne vacuna importada por China paga un arancel de 12%, sin ningún límite de volumen.
“El punto central será el nivel de la cuota. Si China define un umbral alto, algo perfectamente posible, el mecanismo quedaría vigente, pero sin efecto real: la cuota no se alcanzaría y no se aplicaría ningún arancel extra. Si la cuota fuera más baja, podrían aparecer costos adicionales para todos los países exportadores”, advierte el INAC.
El proceso se originó en planteos del sector ganadero chino, que expresó preocupación por la competencia de la carne importada. China atendió ese planteo y abrió el procedimiento, cumpliendo paso a paso con lo que establecen las normas internacionales.
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Todo esto ocurre en un contexto particular: China atraviesa baja oferta interna, mientras que la demanda global de carne vacuna sigue creciendo. Es una “combinación inédita que obliga a buscar un equilibrio entre cuidar la producción local y asegurar el abastecimiento para su mercado interno”.
Por eso, la decisión que se tomará próximamente “debe entenderse como la conclusión de un proceso legal y extenso”.
“La salvaguarda puede terminar siendo solo un instrumento formal, sin impacto comercial, dependiendo del nivel de la cuota. Hasta conocer la resolución oficial, quizás los más prudente sea evitar conclusiones anticipadas”, sugiere la comunicación.
