Ayer, el gobierno argentino publicó el decreto 697/24, que redujo a 0% los derechos de exportación para lácteos, carne de vaca y productos porcinos, y disminuyó 25% las retenciones a las demás carnes. Estas medidas, que habían sido anticipadas 10 días atrás por el presidente Javier Milei en la tradicional Exposición de Palermo, entraron en vigor ayer, con su publicación en el Boletín Oficial.
De acuerdo con la información oficial, el costo fiscal de este cambio en los impuestos a la exportación asciende a US$ 130 millones anuales, tomando como referencia el año 2023. La mayoría de ese valor corresponde a los bovinos, que son los productos que más se exportan en volumen y valor. De tributar 9%, ahora aproximadamente la mitad (vacas) pasará a no pagar retenciones y la otra mitad pagará 6,75%.
En términos generales, la reducción arancelaria, así como la simplificación de trámites burocráticos y otras desregulaciones que se llevaron a cabo en la actual gestión de gobierno, fueron bien recibidas por el sector agropecuario en general y las cadenas de las carnes en particular, que consideraron el camino es el correcto, aunque no suficiente.
Dentro de la cadena bovina, los que se mostraron más entusiastas fueron los productores, que esperan les mejore el valor de los animales, en tanto que entre los frigoríficos hay más cautela. Ocurre que los exportadores están en un momento complicado, por las dificultades en los mercados externos, un mercado interno más alicaído todavía y una brecha cambiaria que ronda el 35%, y ven que el entusiasmo de los ganaderos tenderá a tonificar más el precio de los animales.
Por otra parte, no está claro cómo se computarán las retenciones, dado que las posiciones arancelarias no discriminan el sexo de los animales, por lo que se deberían crear subposiciones o algún otro mecanismo.
