“Too big to fail" (demasiado grande para caer) es un término utilizado para describir a ciertas instituciones financieras (bancos), corporaciones u organizaciones cuya quiebra tendría consecuencias devastadoras para la economía en general, debido a su tamaño, importancia e interconexiones. En la historia económica hay ejemplos por doquier donde los Estados se vieron forzados a intervenir (rescatar) un banco para evitar un colapso generalizado en todo el sistema.
El banco Northern Rock fue uno de los casos más destacados de quiebra bancaria en el Reino Unido durante la crisis financiera de 2007-2008. Originalmente como una sociedad de construcción que se transformó en banco, el Northern Rock adoptó una estrategia de financiación basada en la titulización de hipotecas, es decir, vendía paquetes de hipotecas a otros bancos para obtener liquidez. El problema principal surgió cuando el mercado de titulización se secó debido a la creciente desconfianza en los valores respaldados por hipotecas, especialmente los de alto riesgo (subprime) en Estados Unidos. Esto dejó a Northern Rock incapaz de refinanciarse, lo que llevó a una corrida bancaria en setiembre de 2007, con clientes haciendo fila para retirar sus depósitos. En un principio, el Banco de Inglaterra se mostró reticente a rescatar al Northern Rock por el “riesgo moral” (precedente para que otros bancos puedan asumir riesgos similares a futuro). Sin embargo, el paso de los días llevó al gobierno británico a intervenir para garantizar los depósitos y finalmente nacionalizó el banco el 22 de febrero de 2008 para evitar su derrumbe. En definitiva, el Estado terminó “sociabilizando” las pérdidas en toda la población por un mal negocio de un privado o por las fallas de la regulación.
Esta introducción, quizás un poco larga, busca trazar cierto paralelismo con los dramáticos casos que están atravesando por estas horas aquellos inversores (algunos de muy pequeño porte) que depositaron todos o parte de sus ahorros en Grupo Larrarte o República Ganadera. Hay una diferencia no menor en estos negocios de capitalización a través de la ganadería: no están regulados. Funcionan bajo la órbita privada y no existe ningún tipo de marco normativo que posibilite algún mínimo de control. Es como una especie de contrato de fe, de confianza, de que los números y rentabilidades que se ofrecen son razonables y se pueden cumplir. Algunos inversores tenían la opción como “garantía” de contar con un SNIG y registrar sus propios animales ante el Ministerio de Ganadería, aunque luego se vio que hubo fallas y muchos de esos inversores se encontraron cómo esos ganados ya no estaban en su poder o su número era bastante inferior al que se les comunicó en su momento. El final es más o menos conocido y todavía está por conocerse la magnitud de las pérdidas millonarias que tendrán miles de ahorristas. El efecto corrida y desconfianza que generó Larrarte seguramente llevó a muchos inversores a no renovar sus contratos con otras empresas como República Ganadera, acentuando sus problemas de liquidez que la llevaron al concurso (quiebra) esta semana.
Para los que están en el negocio, una rentabilidad para la ganadería por encima del dígito en dólares, es prácticamente más del doble del retorno que tuvo este negocio en las últimas décadas. Para algunos el dulce pudo más y se arriesgaron a poner su capital, pero otros directamente no tenían ni la más pálida idea si esos retornos ofrecidos eran razonables, alcanzables.
Como siempre, el libre mercado tiene sus fallas y no lo resuelve todo. Más allá de los tibios llamados de atención del Banco Central a empresas que hacen publicidad ofreciendo rentabilidades fijas en dólares por no estar reguladas, cabe preguntarse si estos casos, que tanto daño le hacen a la reputación de la ganadería uruguaya, no llevan a que el Estado tenga que tener algún mínimo de control, auditoría, sobre el funcionamiento de fondos privados que captan ahorro.
