Luego de terminar de recolectar una cosecha récord de trigo, con 9,77 millones de toneladas, Brasil se encamina a lograr la mayor marca histórica de producción de soja, con más de 150 millones de toneladas, y, clima mediante, también de maíz, con una previsión oficial de 125 millones de toneladas. Este escenario agrícola promisorio, que se complementa con el liderazgo del país en el mercado de exportación mundial de carne, entre otros logros, hoy se ve sacudido por el enfrentamiento entre una buena parte del sector agropecuario y el nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el 1º de enero tras imponerse en el balotaje del 30 de octubre al anterior mandatario, Jair Bolsonaro, el candidato preferido por la agroindustria.
“El malestar de los productores brasileños se acentuó por los discursos de campaña de Lula, donde se evidenció su distanciamiento del agronegocio. Llegó a afirmar que parte del sector es fascista y de derecha. Y en otro momento dijo que impondría límites a las exportaciones de carne, sector donde Brasil es líder mundial”, explicó a La Nación Raphael Mandarino, productor, ingeniero agrónomo y director Ejecutivo de AgResource Brasil.
Agregó que lo que más temen los agricultores son las políticas regulatorias en el contexto de las exportaciones de commodities y nuevos impuestos que perjudicarían directamente al productor.
En el mismo sentido, y en función de los dichos del presidente de otros funcionarios del actual gobierno, Daniele Siqueira, analista de mercados de la consultora brasileña AgRural, señaló que los productores temen por un posible incremento de los impuestos rurales, “como una eventual aplicación de derechos de exportación para productos agrícolas, similares a los que existen en la Argentina, y una excesiva intervención estatal en los mercados en momentos de precios elevados, con una eventual limitación de los volúmenes exportables”. Y añadió que, en rigor, “a la mayoría de los productores no les gusta que Lula esté en la Presidencia. Pero la vida sigue y la atención está puesta en la producción. De hecho, nunca dejó de estarlo, incluso cuando hubo protestas en las carreteras y delante de los cuarteles”.
Y si bien de momento no hubo iniciativas oficiales que afectaran de manera directa al sector agropecuario, Siqueira refirió como hecho relevante el paso de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) del Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Desarrollo Agrario, que está a cargo de la agricultura familiar y que había desaparecido en 2016, durante el gobierno de Michel Temer. “Una de las metas de este cambio es que la Conab vuelva a tener la capacidad de acopiar existencias amortiguadoras de alimentos para enfriar los precios en momentos de alzas. Esto es una intervención estatal en el mercado y no es algo que al sector rural le agrade ver, ya que es un retroceso en las lógicas del libre mercado y con el tiempo podría desalentar la producción de cultivos como el arroz y el trigo, y, quizás, hasta el maíz”, señaló.
Al respecto, Edegar Pretto, presidente de la Conab, dijo tras su nombramiento que además de las tareas que el organismo desarrolla en cuanto a estimaciones de producción e impacto de eventos climáticos, el gobierno quiere restablecer el papel de la Conab que fue “abandonado” en la gestión de Bolsonaro como una agencia que compra productos agrícolas cuando los precios son bajos y los vende en el mercado cuando los precios son altos, “buscando el bienestar de la población que quiere comida barata y el de los agricultores, que necesitan una producción bien remunerada. Durante el gobierno anterior esta política se abandonó y eso contribuyó a subir los precios de la canasta básica, tenemos que enfrentar la inflación de los alimentos”, dijo
Según Mandarino, el desánimo que campea en el sector rural ya comienza a tener impacto sobre las decisiones del sector. “Los productores están desanimados y preocupados por los pasos que está dando el nuevo gobierno. Tanto es así que se comienza a manejar la posibilidad de frenar inversiones por la incertidumbre y la inestabilidad que perciben en el horizonte político interno”, advirtió. Además, reconoció que buena parte de las protestas ocurren en regiones donde el agronegocio tiene más fuerza por los temores antes descriptos y por las referencias peyorativas hacia el sector que Lula viene haciendo.
En opinión de Ana Luiza Lodi, especialista en Inteligencia de Mercado de StoneX Brasil, los productores temen que la imposición de más impuestos a la agroindustria tenga por objetivo aumentar los ingresos para cubrir un mayor gasto público. Sin embargo, aclaró que como la cosecha de granos gruesos está comenzando, “la atención ahora se centra en las tareas de campo. Además, tras los hechos del 8 de enero en Brasilia, medidas de protesta como el bloqueo de rutas fueron prohibidas por el Supremo Tribunal Federal”.
Los cuestionamientos hacia un gobierno que lleva apenas tres semanas van más allá de lo atinente al campo. “En un espectro económico más amplio, hay temores compartidos por todos los brasileños que no están de acuerdo con las políticas de izquierda del nuevo presidente, como, por ejemplo, la pérdida de control sobre el gasto público, el aumento de la inflación, la desaceleración económica y la fuga de inversores extranjeros. Y en el espectro político, también existe el temor de ver cercenada la libertad de expresión y de iniciativas que limiten el derecho de los ciudadanos a defenderse en los procesos judiciales, reduciendo las garantías de propiedad privada y la seguridad jurídica”, detalló Siqueira a La Nación. Fuente: Campo –La Nación– Dante Rofi.
