El Banco Central (BCU) emitió un comunicado este jueves donde aclaró su proceder ante denuncias públicas sobre supuestas “omisiones” en el funcionamiento de fondos ganaderos (Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera) que derivaron en pérdidas millonarias para miles de inversores del país. Uno de los que se refirió públicamente sobre el papel del BCU fue el futuro ministro de Ganadería, Alfredo Fratti. A su juicio, hubo una “omisión flagrante del Banco Central.

Quienes abogan a que el mercado regula todo y que no hay que meterse en negocios entre privados, quiero ver qué es lo que van a opinar ahora”, dijo Fratti entrevistado por Informativo Carve. El futuro ministro aseguró que hay productores “que nos están llamando a ver qué podemos hacer”. En ese sentido, afirmó “hay que preguntarle al gobierno (de Lacalle Pou) que está que es lo que se puede hacer”.

Para Fratti, “el BCU debería haber intervenido de hecho”. El futuro ministro comparó este tipo de negocio con las transacciones con un banco: “Cuando yo deposito dinero en un banco, es un acuerdo entre privados, nadie me obliga y eso está regulado por el BCU”, por tanto, afirmó, “no veo mucho cuál es la diferencia”.

Estas declaraciones de Fratti llevaron a que el BCU emitiera un comunicado donde repasó sus actuaciones desde 2018 sobre el funcionamiento de estos fondos, e indicó que no puede regularlos porque carece del marco legal para hacerlo.

 

A continuación, el comunicado del BCU

Frente a las repercusiones periodísticas del día de hoy (por ayer), que aluden a eventuales omisiones de la institución, el Banco Central del Uruguay (BCU) informa a la opinión pública:

Desde el año 2018 el Banco Central del Uruguay ha realizado 11 actuaciones en empresas que ofrecen inversiones ganaderas. A partir de la publicidad de la oferta de este giro, y en el marco regulatorio que conduce la supervisión del Banco Central, la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) ha realizado supervisiones a efectos de verificar que las inversiones fueran efectivamente un contrato ganadero y no un depósito, préstamo individual, fondo de inversión u oferta pública de valores (instrumentos financieros) sin el debido registro del valor y su emisor.

Las 11 actuaciones del Banco Central referidas implicaron que las empresas debieron presentar toda su información societaria y contable, listados de clientes, copias de contratos tipo y además, información completa de una muestra de clientes y sus contratos efectivamente firmados.

Analizada la información, en los casos que se entendió que la documentación proporcionada no aseguraba que se estaba ante una inversión en ganado, sino que se asimilaba a un llamamiento general e impersonal para la realización de una inversión financiera, se instruyó a las empresas a que se abstuvieran de realizar publicidad llamando a inversores. Estas resoluciones son públicas y se encuentran disponibles en el sitio web (Comunicación 2022/0025Comunicación 2022/0095Comunicación 2022/128Comunicación 2022/244Comunicación 2023/099Comunicación 2024/248RR-SSF-2018-491RR-SSF-2020-499RR-SSF-2022-399RR-SSF-2023-291). Como consecuencia de las medidas adoptadas, algunas de estas empresas modificaron su negocio y volvieron a presentar nuevos contratos, salvando las observaciones formuladas por la SSF.

Las empresas dedicadas exclusivamente a la cría y engorde de ganado o a la capitalización ganadera, y que no registran incumplimientos como los referidos en los párrafos precedentes, no están reguladas ni supervisadas por el Banco Central, de acuerdo con lo establecido por el artículo 34 del texto ordenado de su Carta Orgánica, ya que la naturaleza de su actividad no es de carácter financiero, sino productivo.

En este mismo sentido, el presidente del Banco Central, Washington Ribeiro, realizó las siguientes declaraciones: “Este tipo de inversiones en buena medida por cómo se configuran, no podrían ser catalogadas como inversiones financieras, sino que son contratos de capitalización ganadera, por lo cual no quedan dentro del marco regulatorio (legal) del Banco Central”.

Asimismo, Ribeiro expresó: “(...) Si se pretende que estén, habría que hacer un cambio regulatorio (legal). Y sobre las empresas que desarrollan una actividad financiera sin autorización del BCU, hoy el Banco Central tiene esa potestad de actuar y exigirlo. De hecho, como ya se explicó, lo ha hecho”.