El nuevo decreto vuelve a exigir Autorización Ambiental Previa para todas las plantaciones, tanto nuevas como en campos ya forestados. La administración anterior había flexibilizado las exigencias a comienzos de 2025.
El gobierno de Yamandú Orsi dejó sin efecto parte de los cambios introducidos por la administración de Luis Lacalle Pou para flexibilizar las autorizaciones ambientales de proyectos forestales y retomó, con algunos ajustes, el régimen establecido en 2021, informó El Observador.
El nuevo decreto vuelve a establecer que todas las plantaciones, tanto nuevas como aquellas realizadas en terrenos ya forestados, deberán contar con Autorización Ambiental Previa (AAP) del Ministerio de Ambiente. La normativa aprobada en enero de 2025 había habilitado para determinados proyectos una autorización especial con menores exigencias que la AAP.
El Poder Ejecutivo fundamentó la marcha atrás en que las principales modificaciones realizadas el año pasado no eran “consistentes” con el régimen de autorizaciones ambientales vigente y que tampoco habían contado con la “adecuada intervención de las oficinas técnicas encargadas”.
La nueva normativa también introduce ajustes para terrenos forestales plantados antes de 2013 que no contaron con AAP, para los cuales se deberán acordar medidas de compensación con el Ministerio de Ambiente.
Se mantiene una flexibilización para iniciar las plantaciones
El nuevo régimen exige además estudio ambiental y autorización ambiental especial para nuevas plantaciones de 100 hectáreas o más en suelos ya forestados que no contaran con AAP. Sin embargo, el gobierno mantuvo una de las flexibilizaciones introducidas en 2025: las plantaciones podrán comenzar “bajo responsabilidad del titular” mientras la autorización se encuentre en trámite, siempre que se comunique al Ministerio de Ambiente con 30 días de anticipación.
Las autorizaciones que ya están en trámite continuarán rigiéndose por las normas vigentes al momento en que fueron presentadas, con algunas excepciones vinculadas a la definición de los terrenos de prioridad forestal y las medidas de compensación.
Tras la aprobación del decreto, Ambiente emitió además dos resoluciones para establecer nuevos criterios de clasificación y evaluación de proyectos y lineamientos para aplicar esas compensaciones.
Uruguay cuenta actualmente con 4,2 millones de hectáreas consideradas de prioridad forestal, de las cuales algo menos de la mitad están plantadas. Entre las tierras todavía sin forestar, 60% se concentra en Cerro Largo, Treinta y Tres y Lavalleja.
Fuente: El Observador
