Desde mediados de diciembre el ámbito forestal se vio sacudido por una movida política, que parecería no tener fundamentos técnicos y que tiene una posición opuesta a la Ley Forestal de los años de 1980, que diera lugar al desarrollo del sector de una forma exponencial.
UN proyecto de ley presentado por el diputado de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, fue aprobado con los votos de este partido político, el Frente Amplio y el PERI.
El proyecto establece que “la superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario”. El objetivo es que las explotaciones forestales se ubiquen solamente en los suelos de prioridad forestal.
Al justificar el proyecto, Menéndez (diputado por Tacuarembó) dijo que “claramente detrás de las plantaciones forestales están las plantas de celulosa y nosotros estamos en contra de las plantas de celulosa”, publicó El Observador.
En esta edición de Panorama Forestal se traslada la visión de distintos agentes del sector privado y publico, para que el lector pueda informarse.
Ing.Agr Carlos Faroppa, director de la Dirección General Forestal:
“El ministro de Ganadería ya fijó una posición sobre este tema, y es la misma que tenemos en la Dirección General Forestal. Estamos en contra de este proyecto. El primer proyecto que buscaba lo mismo que este último, fue realizado con las consultas pertinentes a los distintos órganos competentes (MGAP, DINAMA, etc) y fue rechazado por la Comisión de Ganadería. En este segundo proyecto no se le consultó a ninguno de los órganos competentes y, además, los fundamentos técnicos parecen ser muy pobres. No hay una justificación, simplemente lo que parece haber es una intención de afectar la actividad forestal”.
Ing.Agr Nelson Ledesma, gerente general de Forestal Atlántico Sur y vocero de la Sociedad de Productores Forestales
“Es un proyecto que afecta al sector forestal en sobremanera, ya que limita la inversión y con esto su desarrollo. Esto constituye una muy mala señal para los inversores. La política forestal ha sido ejemplo a nivel nacional e internacional y esto constituye una inseguridad jurídica para los inversores.
Estamos pasando de una política de promoción a una política de prohibición; el proyecto impone restricciones a la libertad de producción, el productor deja de poder elegir qué plantar y qué no. Una cosa sería dirigir la promoción y otra, que es lo que promueve esta ley, es prohibir. Además, es el único sector que puede proveer al país las herramientas necesarias para que el país sea neutro en las emisiones de gases invernaderos, estatus clave en las negociaciones internacionales.
Es un proyecto que no le sirve a nadie, no vemos que nadie se beneficie, ni los productores, ni el Estado, ni las empresas, ni la población en general, ya que va en contra de la generación de fuentes de trabajo”.
Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente
“Estamos sorprendidos por este proyecto. Desde el Ministerio de Ambiente venimos trabajando en distintos aspectos para mejora la normativa actual y nunca fuimos consultados de cara a la elaboración de este proyecto. Estamos en contra del mismo y no creemos que esta sea la forma de introducir cambios. Por su parte, el debate en diputados fue poco serio para un proyecto de tamaña importancia. Esperamos que cuando se dé el debate en el Senado, se trate el proyecto con más profundidad y se escuche a todos los actores que corresponde”.
Francisco Bonino, director de Agroempresa Forestal
“El proyecto de ley de Cabildo Abierto es una muy mala señal para todos, especialmente para los inversores. Es un cambio de reglas de juego de la noche a la mañana, sin plantear una discusión y va en sentido contrario de lo que se ha construido en las últimas décadas. Lo más llamativo es la falta de fundamentación y la ausencia de una causa que lo justifique; es difícil entender un cambio tan brusco.”
