Ayer, luego de tres meses de vigencia, vencía la Resolución que restringió las exportaciones de carne, pero el Gobierno decidió extenderla por dos meses más, pese a las múltiples protestas, advertencias y pedidos de las semanas anteriores. Así, hasta el 31 de octubre próximo, los embarques quedarán restringidos al 50% del promedio del segundo semestre del año pasado (con siete cortes de consumo popular prohibidos para la exportación), más las cuotas arancelarias (Hilton y 481 para la UE, la cuota de Estados Unidos) y 3.500 toneladas mensuales para Israel.
Hasta ahora, la medida significó que tanto los despachos de julio como los de junio quedaran alrededor de 45% por debajo de los de mayo, y un tercio por debajo del mismo mes del año anterior.
El Gobierno justificó la extensión del cepo y los productores analizan un paro. Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo explicaron los motivos por los que se decidió continuar con las restricciones: “Se está exportando carne muy por encima del promedio histórico. En julio (último dato procesado), se exportó por US$ 194 millones de carne bovina. Si bien la cifra es menor a la de julio de 2020 (-16%) y julio de 2019, es mayor al promedio histórico”, argumentaron. Y agregaron que en julio de 2021 se exportó “un 11% más que en julio de 2018, más de 71% con relación a julio de 2017, 135% más que en julio de 2016 y 172% más que en julio de 2015”.
En tanto, la Mesa de Enlace anunció que esto agrega más malestar entre los productores y que está analizando con las bases la posibilidad de hacer un paro de comercialización, aunque no precisaron ni fecha ni duración de esa medida, en caso de que se decida tomarla.
Por su parte, el consorcio de frigoríficos ABC, que nuclea a los principales exportadores de carne del país, expresó en un comunicado su “total rechazo” a la Resolución 7/2021 que prorrogó la limitación de la exportación de carne bovina por dos meses más, e instó a las autoridades “a eliminar todo tipo de limitaciones sobre las exportaciones de carnes bovinas”.
El comunicado sostiene que la prórroga establecida “agravará los efectos depresivos sobre la actividad que, por el momento, se han visto amortiguados por operaciones pendientes y la formación de stocks”. A corto plazo, indicó, “las empresas frigoríficas deberán adoptar medidas más severas para ajustar el nivel de actividad”, con consecuencias sobre los puestos de trabajo, el nivel de remuneraciones a los trabajadores, el capital de trabajo y la capacidad de compra, además de incrementarse la desconfianza de los clientes en el exterior.
A largo plazo, recordaron implícitamente la experiencia que se vivió hace 15 años con las mismas políticas, que llevaron al desguace de la cadena, del stock y de las plantas frigoríficas.
