La decisión de la CE de pedirle al Parlamento europeo postergar por un año la entrada en vigor de la norma que obliga a demostrar que la carne y otros productos no provienen de zonas deforestadas después de 2020 para admitirlos en su mercado fue celebrada entre entidades de productores y exportadores argentinos, entre ellos, la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria Argentina.
Tanto los que se oponen tajantemente a la exigencia en sí como los que ven que se podría aprovechar como una oportunidad de agregar valor diferencial —ya que la Argentina quedó bien posicionada en cuanto al riesgo— concordaron en que la postergación es positiva.
Desde la Secretaría de Agricultura valoraron la decisión e indicaron que Argentina “cuestiona la compatibilidad del reglamento con la normativa de la OMC (Organización Mundial del Comercio), que exige que este tipo de medidas no se constituyan en una barrera encubierta con efectos distorsivos sobre el comercio internacional”. Además, indicaron que desde la cartera se manifestó “la preocupación por la falta de precisiones sobre la implementación del reglamento, que generaban incertidumbre entre los operadores comerciales, a solo tres meses de su posible entrada en vigor”.
