La Resolución 1227 del gobierno de Lula prohíbe el uso de créditos fiscales para abonar tributos. Los ruralistas consideran que genera un aumento impositivo indirecto de casi US$ 2.000 millones al sector.
La reciente Resolución 1227, emitida por el gobierno brasileño el pasado 4 de junio, establece la imposibilidad de utilizar los créditos fiscales generados por el Programa de Integración Social (PIS) y la Contribución de Financiamiento de la Seguridad Social (Cofins) para el pago de otros tributos nacionales.
La medida se traduce en un aumento impositivo indirecto significativo para el agro brasileño y generó un fuerte malestar en el sector agropecuario del país. El PIS, que impone una contribución social del 1,65% sobre los ingresos brutos, y el Cofins, con una alícuota del 7,6%, son considerados esenciales en la estructura tributaria del sector.
En ese sentido, la imposibilidad de emplear los créditos fiscales derivados de estos impuestos para abonar otros tributos representa una carga adicional calculada en aproximadamente 10.000 millones de reales (equivalentes a unos US$ 1.900 millones), según el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA).
Ante la incertidumbre, los equipos técnicos contables de las empresas agroexportadoras están evaluando su impacto. En este contexto, la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA) emitió un informe en el que solicita al Congreso Nacional rechazar íntegramente la Resolución 1227.
El dólar en Brasil cerró ayer a 5,35 reales, su mayor nivel desde enero de 2023, producto de una desmejora del contexto externo y también de la preocupación de los agentes brasileños sobre el desempeño fiscal del gobierno de Lula. En el último mes, la moneda estadounidense se fortaleció casi 4% frente al dólar, superando la apreciación del dólar en Uruguay (+2,5%).
