El 30 de diciembre próximo entrará en vigor el Reglamento sobre Deforestación de la Unión Europea (EUDR), por el cual los proveedores de una amplia lista de productos de origen agropecuario que ingresen en el bloque europeo deberán poder asegurar que esos bienes no provienen de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. La medida, que viene generando resistencia en países exportadores de carne, granos y derivados como Argentina, Brasil e Indonesia, también despierta el interés de organizaciones fronteras adentro de la Unión Europea.
Es el caso del think tank italiano Competere, que la semana pasada publicó en su sitio oficial la copia de la carta que su presidente, Pietro Paganini, le envió el 12 del actual a las máximas autoridades de la Comisión Europea, en la que reclamó “un período de transición de dos años” para las políticas sobre deforestación de la Unión Europea, dado que, tal como están previstas, “podrían afectar significativamente el comercio, las empresas, las cadenas de suministros y a los consumidores”, informó La Nación de Argentina.
Según el análisis de esta organización, que se presenta como una comunidad de analistas, investigadores, profesionales creativos y de emprendedores, “la ausencia de directrices y herramientas claras por parte de la Comisión Europea está complicando el proceso de adaptación para muchas partes interesadas, en particular los pequeños productores vulnerables de los países exportadores. Esta confusión también está afectando a las empresas y a las autoridades nacionales, muchas de las cuales aún no están preparadas para cumplir con la normativa”.
En la misiva enviada a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se destacó el espíritu de la medida, que tiende a la promoción de la biodiversidad, pero se cuestionó que en la formulación del EUDR no se tuvieron plenamente en cuenta las necesidades específicas de las diversas cadenas de suministros afectadas. “Se adoptó un enfoque generalista de ‘talla única’. Esto alejó a los países productores del proceso de toma de decisiones, lo que dio lugar a peticiones legítimas de demora de la aplicación y a riesgos de una aplicación ineficaz”, advirtió Paganini.
