En 2024, la producción de leche en Argentina sumó 10.590 millones de litros, según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA). Este volumen supuso una caída del 6,5% respecto al año anterior, una reducción de 710 millones de litros. El relevamiento del organismo identificó comportamientos muy heterogéneos entre los establecimientos productores de leche. Así, se encontró que la producción variaba significativamente dependiendo del tamaño de los tambores, niveles de productividad y diferentes regiones geográficas.
En la primera parte del año, la producción registró una caída acumulada del 14,5% en los primeros cuatro meses, respecto al mismo período de 2023. Sin embargo, en la mayoría de las regiones hubo una recuperación entre los meses de mayo y julio.
El análisis por rangos de producción reveló que las explotaciones con más de 6.000 litros diarios presentaron una reducción menor, del 0,7%, e incluso lograron superar en cinco meses los volúmenes del año anterior.
En cambio, las explotaciones de producción media y baja sufrieron caídas más pronunciadas, del 7% y el 11,2%, respectivamente. Factores como el estrés por calor, las limitaciones financieras en los gastos de alimentos y las condiciones sanitarias impactaron fuertemente a estos segmentos.
Proyecciones 2025
Para este año, OCLA elaboró proyecciones basadas en información de 15 industrias lácteas que reciben y procesan alrededor del 49% de la leche argentina. Los datos preliminares indican un aumento anual del 5,72%, con una producción estimada de 11.190 millones de litros de leche en 2025.
“Esta estimación solo busca dar una perspectiva para 2025, basada en los datos disponibles en el momento de su realización”, destacó OCLA.
Sin embargo, el organismo advirtió: “Las condiciones de alta volatilidad e incertidumbre, que seguramente caracterizarán este año, podrían generar diferencias significativas en relación a las cifras proyectadas”.
El informe también analiza los factores que podrían limitar este crecimiento. Entre los puntos mencionados está la posibilidad de una reducción de los aranceles a la exportación de soja y otros cereales, lo que “podría aumentar los costos de los alimentos y el valor de los arrendamientos rurales”.
