Como ya viene sucediendo desde hace más de un año, el flujo comercial maderero Australia-China está suspendido por tiempo indefinido a raíz de una disputa política sobre el Covid-19, que comenzó con acusaciones de Canberra hacia el gigante asiático. Este, como represalia, empezó a imponer algunas barreras para-arancelarias que llevaron a la disiminución parcial o total (como el caso de los rollizos de madera) del flujo comercial.

China, un país que tiene uno de los mayores consumos diarios del mundo, ha decidio volcar su mercado interno hacia Nueva Zelanda, quien era proveedor antes de que comenzara la disputa con Australia, pero que actualmente pasó a suministrar más de 18 millones de m3, siendo el principal país exportador.

Parte de esta madera que se está exportando proviene de nuevas áreas cosechadas, que han generado nuevas fuentes de trabajo, así como desarrollo local, empresarial y un movimiento económico interesante para el país Kiwi. El problema es que, la insaciable demanda de China ha empezado a complicar el mercado interno neozelandés, donde los precios locales comenzaron a registrar un aumento notorio y generando disgusto en la industria del procesado.

La foto actual de Nueva Zelanda, entonces, es la de un país que exporta 80% de su madera en forma rolliza, mayormente a China, país que ha ejercido una presión creciente sobre la demanda llevando a un desabastecimiento y encarecamiento de la madera para la industria local, limitando la misma y poniéndola en un escenario de incertidumbre.

A todo esto, el Gobierno kiwi había lanzado una iniciativa para reducir el costo de las viviendas, que se basaba básicamente en la construcción de casas de madera, lo cual también se ha visto trunco por lo antes mencionado.

En las últimas semanas varias empresas y productores locales han expresado su descontento y piden al gobierno la imposición de cuotas a la exportación, como forma de regular el mercado y asegurar la oferta de materia prima a nivel nacional.