Luego de que el Gobierno decidiera cerrar el diálogo político con la cerealera Vicentin y apostar todo a la expropiación, salvo el canal del contacto formal del interventor, Gabriel Delgado, con la empresa, en la compañía tienen en claro que no habrá más encuentros como el que su CEO, Sergio Nardelli, mantuvo el jueves pasado con el presidente Alberto Fernández. Por ello, como ven que el Gobierno quiere avanzar sí o sí con la expropiación, en la firma están decididos a recurrir a la Justicia para evitar perder sus activos.
La empresa, que mucho antes del anuncio oficial venía explorando alternativas con diversos grupos nacionales, incluso la división agrícola de YPF (con la marca YPF Agro), y del exterior, ve una postura inflexible en el Gobierno. El viernes pasado mantuvo una reunión en YPF con el presidente de la petrolera, Guillermo Nielsen, y el ministro de Producción, Matías Kulfas . Acercó una propuesta, pero fue desestimada por el Gobierno, que la consideró "muy preliminar".
Vicentin tiene una deuda declarada por casi $100.000 millones y un concurso preventivo judicial en marcha. Sus plantas industriales están operando en un 40% de su capacidad vía contratos de fasón y no dejó de pagar los sueldos de los empleados. Más allá del default, situación en la que cayó sobre fin de 2019, no le había ido mal en los dos años anteriores, cuando logró aumentar de más de US$3500 millones a 4200 millones sus ventas globale
Fuente La Nación
