El crédito de toda la cadena láctea con el sistema financiero bajó a US$ 243 millones en julio, el registro más bajo desde que el BCU abre la serie por sector en 2016. Detrás de los números, sin embargo, hay menos deudores: en el último año cerraron o se reestructuraron media docena de plantas y buena parte de la deuda que desapareció es la de empresas que ya no están.
Los datos de crédito al sector privado por rama de actividad del Banco Central muestran a la cadena láctea uruguaya —tambos e industria— con el menor endeudamiento bancario de la última década.
A julio de 2026 el stock total era de US$ 243 millones, contra US$ 315 millones un año antes: US$ 72 millones menos, una caída de 23% en doce meses. La comparación de largo plazo es todavía más elocuente: en febrero de 2017 la cadena debía US$ 574 millones, es decir, 57,7% más que hoy.
La morosidad acompañó. Los créditos vencidos representan 1,26% de la deuda total, contra 3,30% un año atrás y muy lejos del máximo de 16,7% que se registró en mayo de 2022, en el peor momento de la crisis de las medianas del sector.
El ajuste mayor es de la industria, no del tambo
El promedio esconde dos historias muy distintas. La deuda de los tambos bajó 9,1% en el año, de US$ 201,5 a US$ 183,2 millones: un descenso lento pero sostenido, que ya lleva casi una década ininterrumpida desde el máximo de diciembre de 2016.
La deuda de la industria láctea en cambio, se partió al medio: pasó de US$ 113,8 a US$ 59,8 millones, una caída de 47,5% en un solo año. Está 77% por debajo de su máximo de marzo de 2018 (US$ 265 millones). Dicho de otro modo: la industria explica tres de cada cuatro dólares de deuda que la cadena dejó de tener en el último año.
El resultado es un cambio estructural en el reparto. Hasta 2018 el crédito de la cadena se dividía casi en partes iguales entre el tambo y la planta. Hoy los tambos concentran el 75% de la deuda del complejo lácteo.
La serie mensual permite ubicar el quiebre con precisión, y no tiene la forma de un desapalancamiento ordenado. La industria cerró enero de 2026 con US$ 125 millones de deuda y en febrero cayó a US$ 80 millones: US$ 45 millones menos en un solo mes. Otro escalón se produce en junio, con una baja de casi US$ 12 millones, justo el mes en que Coleme votó su disolución.
Movimientos de esa magnitud en treinta días no se explican por amortizaciones. Son, típicamente, castigos de cartera, reestructuras o salida del registro de deudores que dejaron de operar. La contracara aparece en la mora: los vencidos de la industria suman hoy US$ 15.000 sobre US$ 60 millones de deuda, apenas 0,03%, cuando un año atrás eran US$ 4,2 millones y 3,70%.
Una mora que tiende a cero no siempre indica que se paga mejor; a veces indica que el deudor incobrable ya no figura en la planilla.
El ciclo no empezó ahora
En febrero de 2015 el peruano Grupo Gloria cerró Ecolat en Nueva Helvecia y dejó 400 personas sin trabajo en una ciudad de poco más de diez mil habitantes; alegó pérdidas por US$ 34 millones y el rechazo sindical a su plan de reestructura.
Cuatro meses después, en junio, la estadounidense Schreiber Foods comunicó al gobierno su decisión "irrevocable" de cerrar su planta de Ecilda Paullier, en San José, con otros 170 empleos: la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea contabilizó casi 600 puestos perdidos en menos de tres meses.
En noviembre de 2018 cayó Pili, en Paysandú, con unos 150 trabajadores y el Banco República como principal acreedor. El entonces intendente de Río Negro, Omar Lafluf, lo resumió así: no se fundió por deudas, se fundió por falta de leche.
Algunas de esas plantas tuvieron segundas vidas parciales. Gloria reabrió Nueva Helvecia en 2020, volvió a cerrarla definitivamente en 2024 y desde entonces la desguazó: en agosto de 2025 retiró casi toda la maquinaria —la quesería desmantelada, equipos enviados al exterior y otros vendidos a industrias uruguayas, entre ellas una envasadora que compró Coleme— y en junio de 2026 desmontó la torre de secado inaugurada en 1998, símbolo industrial de la cuenca de Colonia. La ex Schreiber fue comprada por capitales uruguayos y reabrió sin recibir leche, para procesar suero.
Media docena de plantas menos en dos años
El tramo reciente coincide punto por punto con el desplome de la deuda industrial. Calcar cerró su planta de Carmelo en 2024, con US$ 1,8 millones del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea destinados a desvincular 90 trabajadores, y en abril de 2025 bajó la cortina en Tarariras, poniendo fin a sus operaciones; la planta pasó a Nofrock SAS.
En febrero de 2025 Lactalis compró Granja Pocha–Colonial, de Juan Lacaze, y en agosto cerró definitivamente Cardona alegando falta de volumen de leche y suero. En julio Claldy presentó al Ministerio de Trabajo una reestructura con 50 desvinculaciones sobre unos 200 puestos y Conaprole confirmó el cierre de su planta 14 de Rivera. La FTIL contabilizó cerca de 280 empleos directos afectados en ese solo año.
El capítulo más reciente es Coleme. La cooperativa de Melo, fundada en 1932 —tres años antes que Conaprole—, votó en junio de 2026 su disolución y el concurso de acreedores: 27 despidos, apenas 12 remitentes activos al final y una deuda cercana a $ 23 millones con los tamberos, con la planta prendada al Banco República. Días después, la firma canaria Urulac arrendó por 90 días la cámara de frío, los camiones y la marca para seguir abasteciendo a Cerro Largo.
El récord que llega tarde
La paradoja se completa con la materia prima. La remisión de leche a la industria crece a una tasa de 10,5% a julio y va camino a un nuevo récord histórico: 2.329 millones de litros procesados en los últimos 12 meses, según Inale. Nunca entró tanta leche a las plantas uruguayas.
Ese récord encuentra a una industria más chica que la que debería recibirlo, y sobre todo más concentrada: cada litro adicional que produce el tambo tiene hoy menos puertas donde golpear, y la principal es la de Conaprole.
Los números del Banco Central lo dicen a su manera. La cadena debe hoy unos US$ 104 por cada 1.000 litros que procesa, y la industria apenas US$ 26, cuando en 2018 ese ratio superaba los US$ 100 por 1.000 litros solo del lado industrial.
Menos deuda y mora casi nula no significan una industria más sólida: significan una industria con menos actores, menos capacidad instalada y menos margen para absorber un récord de producción.
El sistema financiero está hoy mucho menos expuesto a la lechería que hace cinco años y el riesgo de crédito vigente es marginal. La contracara es que el crédito bancario dejó de ser el termómetro del sector: mide cada vez a menos empresas y, sobre todo, al eslabón primario.
